La administración de facto amplió hasta el 10 de mayo el estado de emergencia sanitaria en el país.

            Líderes, diputados y otras voces señalan la falta de pruebas para diagnosticar el Covid-19 y el acceso a las mismas en Bolivia.

           A su vez, organizaciones sociales han denunciado que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez se enfoca en frenar las elecciones constitucionalmente aprobadas para un plazo de 90 días.

FUENTE TELESUR