El Gobierno se apresta a solicitar nuevamente la declaratoria de estado de emergencia por 15  días más por recomendaciones de los médicos y técnicos que integran  la Comisión de Alto Nivel de lucha contra la covid-19 y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para seguir desacelerando la pandemia.

            Así lo confirmó esta mañana a El Nacional una fuente del Palacio Nacional, que dijo que “el equipo de médicos y técnicos ayer le dijeron al Presidente que era necesario seguir con    la declaratoria de emergencia y el toque de queda”  durante la reunión evaluativa realizada en el salón privado del mandatario.

          Los médicos y técnicos que forman parte de la comisión sostienen que manteniendo las formulas del uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, las intervenciones epidemiológicas, el estado de emergencia y el toque de  queda se podrá seguir frenando la pandemia.

FUENTE EL NACIONAL

        Recintos electorales serán desinfectados; será obligatorio el uso de mascarillas y guantes; Castaños: es un reto

          Tras admitir que celebrar elecciones en tiempos de COVID-19 será un reto a nivel local y en el exterior, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó ayer el protocolo sanitario a aplicarse en los colegios y recintos electorales en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, con lo que ya quedan resueltos casi todos los puntos para el montaje del proceso electoral para el cual sólo faltan 40 días.

         “Es un reto, pero lo asumimos. El reto, de hecho, es hacer elecciones el 5 de julio también en la República Dominicana.
Todos estamos aquí con mascarillas y es la situación que nos ha tocado vivir, pero la asumimos y afrontamos institucionalmente y serán unas grandes elecciones, ustedes verán que sí”, aseguró ayer el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, a su llegada a la sede la institución.

FUENTE EL CARIBE

         Definitivamente, el coronavirus ha impactado a todos los trabajadores en República Dominicana y las trabajadoras del hogar no será la excepción.

         Ellas, que a principio de este año, según las informaciones del Banco Central en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, son unas 260,620 mujeres, de las cuales 253,286 eran  informales y 7,334 formales, fueron algunas de las más afectadas en términos laborales y económicos durante las primeras semanas del COVID-19 porque fueron despachadas y no a todas se les pagó.

         Y es que el empleador, según el Código de Trabajo en su artículo 50 y 51, no tiene ninguna obligación de pagarle el salario, por lo que las primeras semanas, las trabajadoras domésticas que fueron suspendidas de sus trabajos no cobraran los salarios que le corresponden, aunque ya luego el Gobierno anunció que las incluiría en las ayudas gubernamentales.

FUENTE HOY